Cambios en el BINE

Cambios en el BINE

JULIO MARTÍNEZ RIVER

diariocomo.com

Una institución educativa con más de cien años de vida merece respeto, atención y sobre todo que los alumnos, maestros y directivos estén a la altura. Me refiero al Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla “General Juan Crisóstomo Bonilla”.

A lo largo de los últimos cuatro años en el BINE imperó el abuso de poder por parte de algunos directivos, el uso indebido de recursos públicos destinados a la educación, el incorrecto uso de las plazas para beneficiar a los amigos y poner fuera de la línea a los enemigos.

Por fin, respetable lector, puedo anunciar que es un hecho contundente el cambio de director general del BINE. Y, en consecuencia, dejará dicho cargo Andrés García Castillo.

Lo más lógico es que con su salida también ocurra el éxodo de gran parte de su equipo, que también tiene cuentas pendientes con la SEP y con la Procuraduría General de Justicia en el estado de Puebla.

Tanto en el BINE como en el gremio educativo en general, esta noticia que hoy se difunde en esta columna será una auténtica bomba de tiempo. Ello porque la gran mayoría de los docentes involucrados lanzarán expresiones de alegría, de tranquilidad; otros más tendrán que poner sus barbas a remojar porque la SEP en Puebla investiga e indaga muy bien cada una de las quejas que se plasman en esta columna.

A la titularidad de la PGJ en Puebla hago el llamado abierto para que las averiguaciones previas que tiene en su poder, en relación al BINE, simple y sencillamente no sufran carpetazo, sino que sean reabiertas.

Para empezar, los agentes ministeriales estatales supieron, según consta en Averiguaciones Previas que, durante varios robos de material audiovisual, de cómputo, al BINE, “curiosamente” las puertas no fueron forzadas: se usó llave.

Pero, a pesar de este dato clave. Por razones desconocidas, los agentes ministeriales nunca llamaron a comparecer a los directivos del BINE y, mucho menos al personal de la empresa de seguridad privada, responsable “presuntamente” del inmueble educativo.

Antes de que se me olvide. Si bien es un hecho que habrá cambio de director general en el BINE, también es cierto que la SEP indagará mucho, pero mucho más a fondo la no claridad de cuentas en relación a dinero proveniente de la federación que, no muestra comprobantes serios de gasto.

Me gustaría pensar que el propio titular de la SEP, Luis Maldonado Venegas, visitará el BINE en breve, que hablará con los maestros, con los alumnos, con el personal administrativo. Me encantaría que el alto funcionario educativo preguntara, no en una sesión colectiva, sino en corto, ¿cuáles son las anomalías que existen en el BINE? Oh, sorpresa que se llevará la autoridad. Ya verán.

Si el BINE es una de las Normales con mayor prestigio estatal, ¿entonces por qué fueron colocados hombres y mujeres en puestos directivos que no cumplen con el perfil elemental necesario?

Dicho sea de paso, me enteré que el saliente director general del BINE, Andrés García Castillo, a sabiendas de que ya está bajo la lupa de especialistas en la SEP, busca cobijo político en la misma dependencia.

No quisiera pensar que el rumor referido es verdad y, mucho menos que García Castillo logrará evadir la acción del derecho en la SEP y en donde corresponda.

Y es que se rumora que el subsecretario de Educación Básica en la SEP estatal, Andrés García Coca, está dispuesto a dar protección política a Andrés García Castillo.

De corazón espero que este chisme sea una mentira. Pero por lo pronto, el titular de la SEP, Luis Maldonado Venegas, no debe dejarse endulzar el oído por gente que le hable bien o mal de las personas, tiene la obligación de confirmar dichos y basar sus hechos en evidencias contundentes.

Comentarios a: noticiaspuebla@hotmail.com

SNTE, sección 23, demanda histórica

Lecturas: (195)

La democracia se propone el bien común, es un anhelo al servicio de la colectividad, y es un servicio que implica responsabilidad del gobernante que debe buscar el equilibrio económico y social, entre los que más tienen y los desposeídos, pero ambas capas sociales están obligadas a cumplir responsablemente con la ley. El comentario es relativo al acuerdo reciente del presidente Felipe Calderón, para que a partir de enero del presente año, las colegiaturas -desde preescolar hasta bachillerato-, del sistema educativo privado, sean deducibles de impuesto.

Qué bueno que se busque el equilibrio económico entre los contribuyentes que además de pagar el Impuesto Sobre la Renta , retribuyen al sistema privado por la educación de sus hijos. Sin embargo, aún teniendo en cuenta que los recursos destinados a educación pública se han duplicado, es imperativo reconocer que no son suficientes pues en muchas localidades del país se carece de implementos educativos.

Ahora bien, ya que el PRI, PAN, Convergencia y otras organizaciones políticas de manejo electoral –todas unidas en aplauso acrítico- están de acuerdo con la resolución presidencial, es de reiterarse que la educación privada, con excepciones dignas de elogio, no cumplen con los reglamentos educativos, violan el artículo tercero constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

Conocedores de los procesos educativos y de las cuantiosas ganancias que se obtienen, en muchos casos, con la educación privada, los integrantes de la sección 23 del poderoso Sindicato de Trabajadores de la Educación , en un desplegado publicado ayer en Síntesis (“sin libertad de expresión no hay libertad”), sostienen que “el gran desafío para nuestro país sigue siendo superar la profunda desigualdad educativa que acentúa la inequidad entre grupos sociales y regiones y que, a nivel escolar, se caracteriza por escuelas que lo tienen todo y escuelas que tienen casi nada”.

El correlato al acuerdo presidencial, dicen los profesores del SNTE, reclama el compromiso de las instituciones privadas para “lograr la educación con los adjetivos que marca el Artículo Tercero Constitucional: pública, laica, gratuita, democrática, popular, nacional y de la más alta calidad…”.

En contra parte al reclamo de los trabajadores magisteriales, antier en el debate –televisado por Dish- que sostuvieron los senadores representantes del PRI, PAN y Convergencia no mencionaron las violaciones que en el sistema privado se hace del artículo tercero y de la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, es sabido a quienes sirven esos representantes en la Cámara de Senadores, sin embargo no es posible olvidar que la exigencia magisterial por mejores salarios, capacitación, y respeto a los preceptos constitucionales es de larga data. Veamos:

Con el aliento y los recursos de los profesores, Erasmo Pérez Bello, Gaspar Navarro, Raúl Cordero Amador, Ignacio Márquez Rodiles, Enrique Martínez Márquez y su esposa, Arquímedes Caballero, entre otros, se efectúo, el 3 de mayo de 1961, en el Paraninfo del Edificio Carolino, la Segunda Asamblea Nacional de la Academia Mexicana de la Educación que fue inaugurada por el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet.

En esa Asamblea, con la participación de más de 200 profesores provenientes de todo el país, se apoyó a los libros de texto gratuitos y se defendió la educación pública, gratuita y laica, demando al gobierno federal la pronta distribución de los textos y la aplicación en todo el sistema educativo, privado y público, del tercero constitucional. Eran épocas difíciles los profesores del sistema público aún recordaban como muchos de sus compañeros en la sierra norte de Puebla y en otras localidades del país, habían sido desorejados, en otros casos asesinados por fanáticos religiosos.

Con todos los conflictivos que se vivía en ese 1961, se percibía, así lo hizo notar el maestro Rodiles, una identificación entre las autoridades de la SEP y el gremio magisterial, por eso en su discurso, Torres Bodet expresó: “Convencidos como lo estamos de que educar al hombre no significa no solo hacer llegar a su espíritu ciertos dados de la tradición y de la cultura, sino alentar sus facultades de creación, como el acicate de una enseñanza en que la vida se reconozca como problema, invención constante y perpetuo apremio de obligaciones privadas y colectivas”.

A ese apremio corresponde lo expresado por los profesores de la 23 del SNTE.

Que el secretario de Educación, Luis Maldonado Venegas, cierre las puertas al SNTE 23 y 51 para que participen en la conformación de la estructura directiva y administrativa de la Secretaría de Educación Pública estatal.

Que la actitud de uno de los principales funcionarios de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas sea distante y su trato estrictamente en el terreno de la relación sindicato-gobierno con los líderes Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández.

Que en su gran mayoría los nuevos funcionarios de la SEP estatal sean universitarios de Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Distrito Federal y del Estado de México, desplazando así a los directivos poblanos con formación normalista.

Que los liderazgos por parte de los trabajadores de la educación que fueron importantes en las estructuras magisteriales del SNTE y del Partido Nueva Alianza que llevaron al triunfo a los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla, hoy se sientan usados y relegados de los proyectos del nuevo Gobierno estatal.

Sólo puede tener una respuesta.

Que el proyecto político de Rafael Moreno Valle Rosas haya decidido apoyar la posición rumbo a Los Pinos del presidente Felipe Calderón, quien no ceja en remarcar que todo antes de que el PRI retorne a la presidencia del país.

Y hasta el momento, quien lleva mano en el proyecto del Partido Revolucionario Institucional es Enrique Peña Nieto, el visible candidato de Gordillo Morales.

Si bien Elba Esther Gordillo Morales fue parte esencial en sus aspiraciones por convertirse en el gobernador de Puebla.

En la realidad de hoy, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no representa los recursos federales que requiere la administración morenovallista para mover una estructura estatal que arrastra los viejos vicios del priismo y que además tiene una pesada loza del endeudamiento que le hereda el gobierno de Mario Marín Torres.